Fracking no es sustentable ni garantiza soberanía energética, advierten colectivos

Organizaciones civiles, colectivos y especialistas manifestaron su rechazo a la posible apertura al fracking en México, luego de que el gobierno federal planteara evaluar la viabilidad de explotar gas no convencional mediante un comité científico. Aseguraron que esta técnica no contribuirá a alcanzar la soberanía energética, al considerar que las cantidades de gas serían insuficientes.

De acuerdo con el posicionamiento, esta decisión representaría un cambio respecto al compromiso previo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir el fracking en el país.

En un comunicado señalaron que el impulso al gas fósil dentro de la política energética refuerza la dependencia de combustibles que contribuyen al cambio climático, en lugar de acelerar una transición hacia energías limpias.

Advirtieron que existe evidencia científica acumulada durante más de una década que documenta impactos negativos del fracking en la salud pública, el medio ambiente y el clima. Además, cuestionaron la viabilidad de desarrollar un modelo “sustentable”, al considerar que no hay pruebas de que esta práctica pueda realizarse sin daños.

Indicaron que uno de los principales retos es el uso intensivo de agua y los altos costos asociados a su tratamiento, lo que implicaría inversiones millonarias y un elevado consumo energético. A ello sumaron la situación financiera de Pemex, que enfrentaría dificultades para absorber estos costos.

Las organizaciones sostuvieron que, incluso con el desarrollo de nuevos proyectos, la producción de gas sería insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que pondría en duda el argumento de alcanzar la soberanía energética mediante esta vía.

Asimismo, advirtieron que la expansión del fracking podría profundizar desigualdades territoriales y afectar a comunidades indígenas y rurales, que históricamente han enfrentado impactos ambientales derivados de la industria extractiva.

El posicionamiento subrayó que México tiene compromisos internacionales en materia de cambio climático y derechos humanos, los cuales obligan al Estado a prevenir daños ambientales y avanzar hacia la reducción de combustibles fósiles.

Comunidades y organizaciones reiteraron su rechazo a esta técnica y llamaron a priorizar una transición energética que garantice justicia ambiental, respeto a los territorios y condiciones de vida digna.

Señalaron que en territorios afectados por la industria petrolera no existe evidencia que demuestre que la extracción de gas y petróleo pueda ser sustentable o libre de impactos negativos. Como ejemplo, mencionaron los efectos de derrames en el Golfo de México y la explosión del pozo exploratorio Krem-1 en Veracruz.

También recordaron que organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles y, en algunos casos, prohibir el fracking. Añadieron que el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente, incluidas las establecidas en acuerdos internacionales.

Las 77 organizaciones y colectivos que emitieron su posicionamiento ante la apertura del gobierno a usar el fracking con “nuevas tecnologías”, indicaron que comunidades indígenas y campesinas han mantenido durante más de una década su rechazo a esta técnica y reiteraron su demanda de proteger la vida y los territorios frente a proyectos extractivos.