México, 20 de Jul.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Senado de la República planteará al Gobierno Federal la creación de una comisión binacional con Estados Unidos, a fin de negociar la repatriación de bienes y recursos decomisados a Joaquín Guzmán Loera, los cuales podrían ascender a 14 mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, señaló que Morena -como grupo mayoritario en la Cámara de Senadores- establecerá comunicaciones con la Cancillería para que se prepare la defensa jurídica y se haga una reclamación justa del dinero y patrimonio decomisado.
Lo anterior, precisó, bajo el principio de que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán Loera han afectado a millones de personas en México, “aunque también reconocemos que en Estados Unidos”.
Indicó que existen tres instrumentos internacionales, de los cuales México y la Unión Americana forman parte, que no han sido usados por el gobierno mexicano. Se trata, explicó, de dos convenciones de las Naciones Unidas: Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como el Reglamento Modelo de la Organización de Estados Americanos sobre delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Dejó en claro que dichos instrumentos dan a nuestro país la legitimidad para plantear una comisión binacional, no sólo con respecto de los bienes de Joaquín Guzmán, sino de cualquier otro criminal o delincuente que haya sido juzgado por la Corte de Estados Unidos.
Monreal Ávila ejemplificó que en el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se establece una disposición respecto de bienes decomisados por este tipo de delitos y aplica para las dos naciones.
Dicho artículo, abundó, señala que se podrá considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos para repartirse entre los Estados, el producto del delito, bienes o los fondos derivados de hechos ilícitos, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos y bajo la base de un criterio general o definido por cada caso.
El legislador mencionó que hasta el momento México no tiene conocimiento de propiedades registradas a nombre del narcotraficante y no sabe con exactitud dónde está su cuantiosa fortuna que se estima entre 12 y 14 mil millones de dólares, es decir, cerca de 250 mil millones de pesos. Únicamente lo sabe la Corte de la Unión Americana.
“Es un tema de la mayor importancia. No puede actuarse con contemplaciones y menos con frivolidades”, subrayó.
Por esa razón, consideró importante crear con urgencia la comisión binacional. “Que no suceda lo que tantas veces: que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados producto de actividades ilícitas”.
Refirió que en las últimas tres décadas, una veintena de delincuentes fueron juzgados y sentenciados en EU y cuyos bienes no fueron reclamados por el gobierno mexicano, a pesar de que tiene la legitimidad y el derecho internacional para hacerlo.
Se trata, puntualizó, de un tema que no ha sido explorado. Nunca un órgano legislativo ha sido claro en el planteamiento de recuperar bienes decomisados de mexicanos juzgados y condenados en el exterior.
