La fracción del PRI en la Cámara de Senadores demandó a la Procuraduría General de la República investigar al ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza y en su caso iniciar una causa penal por hacer mal uso de información reservada que no debe estar en su poder.
A través de un comunicado el grupo parlamentario dio a conocer que los legisladores fundamentaron su propuesta al recordar que el pasado 13 de junio, luego de que el candidato José Antonio Meade refirió que el empresario Javier Jiménez Espriú se encontraba vinculado con el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, pues tanto su esposa como su familia política son socias de la empresa Idesa, el ex fiscal publicó en su cuenta de twitter un mensaje en el que negó los vínculos del empresario con el caso referido.
“El día 13 de junio de 2018, en punto de las nueve horas de la mañana apareció el siguiente mensaje: “Revisé mis documentos del caso #Odebrecht. No aparece Jiménez Espriú. Aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza para empresas como Zecapan S.A., Latín American Asia Capital Holding, Innovation R. E. Atrás de todo: Emilio Lozoya”, explicaron.
Los senadores priistas aseguraron que de lo anterior se desprende que Santiago Nieto utilizó información a la que tuvo acceso como ex fiscal especializado, y emitió una declaración como si todavía se mantuviera en el cargo, encargado de la investigación del caso de corrupción aludido y más grave aún, advierten, es la afirmación de que cuenta con los documentos que obran en la Carpeta de Investigación, porque si bien tuvo acceso a los mismos con motivo de la investigación del caso, no tiene la titularidad, ni el dominio de la información.
Los legisladores del tricolor abundaron que Santiago Nieto Castillo tuvo conocimiento del caso Odebrecht con motivo de su cargo como fiscal especializado y por tanto tenía la obligación de conducir una investigación eficaz, transparente y diligente; a la par que también, señalaron, tenía la obligación de cuidar aquellos datos sensibles que pudieran poner en riesgo la investigación o violentar los derechos humanos de cualquiera de las partes en el proceso.
“No obstante lo anterior y contrario a la obligación que se derivó de su cargo, Santiago Nieto Castillo presumió de la culpabilidad de Emilio Lozoya, violentando el principio de presunción de inocencia. Hecho, que en un primer momento le valió la destitución como fiscal especializado.
A su vez, Nieto Castillo reveló información sobre montos, cuentas bancarias y empresas relacionadas con el caso para nuevamente buscar el perjuicio de Lozoya Austin”, indicaron.
Resaltaron que ante tales hechos se presume que el exfiscal especializado de delitos electorales incurrió en los siguientes delitos federales: Revelación de secretos, previsto en el artículo 210; ejercicio ilícito de la función pública, previsto en el artículo 214, concretamente en la fracción II que alude a que se continúen ejerciendo funciones públicas cuando ha sido destituido del cargo; artículo 250, referente a usurpación de funciones públicas; y abuso de confianza en los términos del artículo 385, todos del Código Penal Federal.
“Por lo anterior, consideramos necesario que la Procuraduría General de la República investigue si el ciudadano Santiago Nieto Castillo efectivamente cuenta con los documentos confidenciales, que debió estar obligado a entregar cuando dejó la Fepade. Ello, a fin de acreditar la probable responsabilidad del delito de abuso de confianza e iniciar una causa penal, por hacer mal uso de información reservada que no debería estar en su poder.
