La iniciativa de Ley de Rentas propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aún no es viable porque presenta contradicciones y una redacción confusa que vulnera a los inquilinos; además, Morena se está aprovechando de la lucha social para impulsar el proyecto, acusó el Frente Anti Gentrificación CDMX.
En entrevista con Proceso, Eduardo Alanis, integrante del Frente, dijo que su colectivo reconoce algunos aspectos positivos en la iniciativa, como el registro digital de contrato, los límites de requisitos a arrendadores y las sanciones correspondientes.
Sin embargo, afirmó que la propuesta tiene inconsistencias que desprotegen a los arrendatarios. Un ejemplo es la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que se anunció “con toda la reserva de cómo se va a implementar, porque va a necesitar un presupuesto”.
“Estamos diciendo que no es viable, tomando en cuenta la inequidad histórica de relaciones entre el arrendador y arrendatario”, dijo Alanis.
De acuerdo con el activista, una de las mayores preocupaciones es la eliminación del artículo 2448 del Código Civil capitalino, que garantizaba el derecho del inquilino a permanecer hasta un año en la vivienda tras el vencimiento del contrato. “Nos han dicho que es un error. Queremos confiar en eso”, sostuvo.
El integrante del Frente también identificó una falla en el artículo 17 de la iniciativa, que permite a los arrendadores incrementar la renta por encima de la inflación, únicamente si demuestran haber realizado “mejoras sustantivas” en el inmueble.
“Las mejoras son una obligación legal del propietario, no un pretexto para rebasar los límites del alquiler. Al no precisar qué constituye una ‘mejora sustantiva’, se abre la puerta a la discrecionalidad…Les das una salida de que sí pueden subir la renta por arriba de la inflación”, advirtió.
El tope al incremento de la renta ligado a la inflación entró en vigor desde agosto de 2024, luego de que se modificó el artículo 2448-D del Código Civil de la Ciudad de México.
Alanis también mencionó que la ley omite regular a plataformas como Airbnb o Booking, cuyos anfitriones se han logrado amparar contra los padrones gubernamentales, lo que ocasionará que los propietarios pasen del modelo habitacional al de corta estancia:
“A los anfitriones no les están poniendo límites…Tienen amplio margen sin que el gobierno pueda hacer algo, se está quedando chico…Se está promoviendo indirectamente la creación de plataformas…y es un incremento de ver la vivienda como lucro”.
Alanis sostuvo que, aunque celebran el Gabinete de Desalojos —el cual busca supervisar, regular y atender los procesos— lo ven con “mucha mesura”:
“¿Con qué presupuesto se va a agendar y promover? Ya habían prometido el secretario de Vivienda Inti Muñoz, con (el secretario de Gobierno) César Cravioto, atender que no hubiera violencia. Incluso habían dado un número de desalojos para prevenirlo, que también era una auténtica burla, porque el número empezaba a las 9:00 horas y los desalojos se dan en las madrugadas, de manera ilegal”, indicó.
Morena usa la lucha social para promover la ley
Recientemente, el dirigente de Morena CDMX, Paulo García, anunció la campaña “#NadieSinTecho” para recolectar firmas de respaldo ciudadano a la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Ante ello, el Frente Anti Gentrificación denunció el uso de las luchas sociales para “la cazuela electorera”, cuando Morena ha reprimido sus protestas desde el año pasado:
“El Frente es una organización apartidista. No vamos a celebrar contratos o juntarnos con partidos políticos…Estamos viendo una instrumentalización de nuestra lucha, usando el material como si ellos hubieran organizado y promovido…La lucha que tenemos en territorio es genuina, por mejores condiciones”.
“Nosotros pusimos el cuerpo en esas marchas que tuvieron represión, la cual subió en el Mundial… y nadie sigue sin hacerse responsable…Hemos sufrido agresiones, robos, golpes, incluso de las organizaciones clientelares de Morena, para que ahora vengan a poner videos”, añadió.
Por otro lado, admitió que, pese a las imprecisiones y la campaña de la derecha “que siempre sale y apela al miedo de que se atenta contra la propiedad privada”, la iniciativa de Brugada “confirma la función social de la vivienda”.
Respecto a los tiempos de respuesta y el diálogo con autoridades, el Frente acusó la tardanza en la entrega de la iniciativa desde la publicación del Bando 1 en julio de 2025:
“Ha sido un largo trayecto en donde han estado simulando…Si ya venían haciendo el trabajo, ¿por qué tardaron más de un año en presentar esta ley?… El Bando 1 se compone de 14 acciones y ni siquiera se abarcan todas”.
Alanis denunció que el gobierno capitalino aplicó una política de “administración del conflicto” para desgastar a las organizaciones, con reuniones canceladas y el cierre de conversaciones.
Asimismo, acusó que no hubo participación ciudadana en la creación de la legislación: “Siguen siendo ellos, desde arriba con sus funcionarios, apartados de la sociedad, y por eso surgen estas equivocaciones…Si no lo hacen con la gente, van a seguir sucediendo estos vacíos”.
Para las nuevas generaciones, dice Alanis, “la opción de renta que antes era vista como un pasaje, ahora se convirtió en destino…En ese tipo de cosas vemos un decrecimiento del nivel de vida y de oportunidades. La vivienda es un punto de partida para ejercer todos los derechos”.
“Si el gobierno no toma su papel rector de la sociedad y no les pone un límite a las inmobiliarias, a los privados, al poder económico, la verdad es que esto no va a cambiar”, concluyó.
