Un juez ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resguardar los memoriales de cinco personas desaparecidas que fueron retirados el pasado 15 de marzo de las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.
Diversos colectivos de defensa de derechos humanos denunciaron que los memoriales, que colocaron familiares frente a Palacio Nacional, fueron retirados presuntamente por orden del presidente López Obrador.
Se trata de los memoriales de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos en Coahuila en 2009; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido en Nuevo León en 2011, y Marco Antonio Amador Martínez, migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas en 2013.
Ante la situación, las familias afectadas promovieron un amparo al considerar que el retiro de los memoriales violenta sus derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica.
El pasado 16 de abril, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional con el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de destruir y a su vez resguarden los memoriales de personas desaparecidas.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que, mientras se resuelve la suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de destruir y a su vez resguarden los cuatro memoriales temporales de personas desaparecidas, que se encontraban colocados en la jardinera ubicada en las inmediaciones de Palacio Nacional entre la calle Seminario y José María Pino Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México”, determinó el juez.
A través de un comunicado, los colectivos señalaron que esperan que el juez ordene la reinstalación de los memoriales.
“Reiteramos la importancia de que se respeten las expresiones de memoria que realizamos las familias, pues no es la primera ocasión que el gobierno atenta contra estas”, exigieron los colectivos.
Por los hechos, también se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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