México, 6 de Sep.- La Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir su corresponsabilidad en la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil -vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-; al no atender las alertas de que se requerían aportar nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación.
El juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas desechó las pruebas que había presentado la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en contra de El Gil, al concluir que se obtuvieron de manera ilegal.
Esta decisión judicial sienta un precedente que podría dejar en libertad a otros 50 inculpados –además de los 44 que ya están en libertad, incluido El Gil- por las mismas razones-, como lo reconoció el propio Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encina.
Juárez Piña recordó que desde mayo de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que los procesos relacionados con los inculpados por la desaparición de los normalistas estaban débiles y que por lo tanto tenían que fortalecerse.
“Es menester recordar que, desde el mes de marzo los familiares alertaron sobre las posibilidades de que las pruebas fueran desestimadas y la posible liberación de quienes se encuentran en calidad de presuntos responsables; pero la Fiscalía General de la República (FGR) hizo caso omiso”, lamentó.
Hasta entonces, la FGR aún podía presentar pruebas en contra de López Astudillo, pero no lo hizo, por lo que el juez determinó la sentencia absolutoria.
En opinión de la Diputada Federal por Jalisco, debe hacerse especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas, no sólo para procesar penalmente a quienes participaron en la desaparición, sino para saber finalmente, dónde se encuentran.
Las pruebas desestimadas lo han sido debido a que fueron obtenidas ilegalmente y son producto de la comisión misma de delitos por parte de la Procuraduría General de la República, tales como son la tortura y la detención ilegal.
“Es por ello que deben realizarse las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del personal de la entonces PGR que intervino en la investigación y, dados los dichos del propio Jesús Murillo Karam, relativos a que fue él mismo quien condujo las indagatorias, las investigaciones y responsabilidades deben llegar hasta él”, añadió.
Recordó que el Partido de la Revolución Democrática presentó demanda de juicio político en contra del exprocurador desde el 24 de septiembre de 2015, misma que fue desechada por los diputados de Morena el 30 de abril de este año.
Un año después, el 15 de septiembre de 2016, el propio grupo parlamentario presentó demanda de juicio político en contra de Tomás Zerón de Lucio, la cual no ha sido atendida por la Subcomisión de Examen Previo de esta Cámara.
“Debe resaltarse que, si bien la Procuraduría General de la República aportó elementos viciados de origen como pruebas, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; ni la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; aportaron nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación anterior y evitar que los indiciados fueran puestos en libertad”, concluyó Juárez Piña.
