Una coalición integrada por fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia presentó un escrito ante un tribunal federal de apelaciones para respaldar una demanda que cuestiona la legalidad de los arrestos migratorios realizados sin orden judicial por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al considerar que estas prácticas podrían vulnerar garantías legales y afectar a millones de personas en Estados Unidos.
La acción jurídica fue promovida bajo la figura de amicus curiae, mecanismo que permite a terceros aportar argumentos y análisis legales en procesos de interés público. En el documento, los fiscales sostienen que la legislación federal establece condiciones específicas para que los agentes migratorios lleven a cabo detenciones civiles sin una orden, entre ellas la existencia de causa probable y evidencia de que la persona podría evadir la acción de las autoridades antes de que se obtenga la autorización correspondiente.
Según los fiscales, las autoridades federales han ejecutado de manera recurrente arrestos sin cumplir plenamente con esos requisitos legales, lo que, afirman, ha generado efectos negativos en comunidades de distintas regiones del país. Entre las consecuencias señaladas destacan afectaciones a la estabilidad económica local, la salud pública, la educación y la confianza entre la población y las instituciones.
El escrito también cuestiona algunos métodos utilizados durante los operativos migratorios, incluyendo el uso de vestimenta sin identificaciones visibles, vehículos no rotulados y la presunta falta de presentación formal por parte de algunos agentes durante las detenciones. De acuerdo con los firmantes, estas prácticas han incrementado la incertidumbre y el temor en comunidades con alta presencia de población migrante.
Los fiscales argumentaron que las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump han derivado en procedimientos que consideran excesivos y que, en algunos casos, habrían afectado a familias, centros de trabajo y actividades económicas locales. Asimismo, sostienen que el respeto al debido proceso es un elemento esencial para garantizar la legalidad de las acciones gubernamentales.
La intervención de los estados ocurre en el marco del caso Escobar-Molina contra el DHS, una demanda colectiva presentada en 2025 en la que se impugnan diversos procedimientos de detención migratoria. Los promoventes buscan que los tribunales definan con mayor claridad los límites legales para este tipo de arrestos y refuercen las salvaguardas establecidas en la legislación federal.
En su posicionamiento, los fiscales destacaron que las entidades que representan concentran a más de 30 millones de migrantes, un sector que consideran fundamental para múltiples actividades productivas y para el funcionamiento de servicios públicos en Estados Unidos. Por ello, sostienen que existe un interés legítimo en que la aplicación de las leyes migratorias se realice conforme a los lineamientos establecidos por el Congreso.
La coalición está conformada por fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, quienes coinciden en que las políticas de control migratorio deben equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos y procedimientos legales.
