Durante el gobierno de Felipe Calderón, a la Procuraduría General de la República (ahora FGR), le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a Humberto Moreira del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2012.
En esa investigación se dejó fuera información de inteligencia que proporcionó Estados Unidos a México sobre las operaciones sospechosas de sus colaboradores.
La investigación inició en junio de 2011, tres meses después de que Humberto Moreira asumiera la dirigencia del PRI, que se preparaba entonces para postular a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia.
De acuerdo con lo que refiere El Universal, inicialmente se investigó a varios colaboradores cercanos al profesor, aunque en el mes de septiembre de 2012, con el argumento de que no había indicios de que hubieran actuado “unidos”, se separó la indagatoria y se inició una exclusiva contra del ex gobernador.
Seis días después de que se inició el nuevo expediente, el ministerio público encargado del caso envió un oficio a sus superiores para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, que se autorizó 27 días después y permitió archivar la acusación en 33 días.
A pesar de que la entonces PGR se allegó de diversos documentos que pudieron haber sido clave en la indagatoria, el ministerio público no los valoró para decidir si podrían acreditar los delitos.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro hizo llegar en 2011 a México un expediente titulado “Informe de actividad sospechosa”.
Dicho documento señala a un cercano de Humberto Moreira, del que está testado su nombre, de haber realizado transferencias de dinero entre el 7 de abril del 2009 a 9 de julio de 2019, las cuales fueron catalogadas como “sospechosas”.
Autoridades estadounidenses también entregaron a la PGR una relación de las empresas y propiedades de Moreira y su colaborador Vicente Chaires Yañez, quien también fue denunciado penalmente ante la FGR, en tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionaron reportes de sus operaciones inusuales y relevantes.
Aunque en la denuncia se señala una red de corrupción, la PGR separó el caso para indagar a cada uno de los acusados de manera individual, y en el del ex gobernador, la autoridad ministerial sólo se limitó a comprar sus ingresos obtenidos contra los estados bancarios de las cuentas que estaban a su nombre, dejando fuera el resto de la información que le habían proporcionado.
Tampoco se investigó el entorno patrimonial y financiero de los dependientes económicos que pudieron haber servido de prestanombres; esto pese a que la denuncia que dio pie a la averiguación previa hacía referencia a varias personas que habrían fungido como testaferros de Moreira.
FUENTE ; AGENCIAS , ENLACE INFORMATIVO 03-08-2020
