México, 15 de Abr.- La Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que el responsable del estancamiento de la reforma educativa es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo promesas a sus aliados electorales en el magisterio que ahora no está condiciones de cumplir.
“Si el proceso legislativo está detenido es porque tanto el presidente de la República, como la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no han sido capaces de procesar acuerdos con la fracción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se opone al dictamen aprobado”, argumentó Juárez Piña.
La legisladora perredista enfatizó que el Congreso federal ya hizo su tarea y que las fracciones parlamentarias de oposición se mantienen en la disposición de continuar con el proceso legislativo; no obstante dejó en claro que no permitirán que se supriman avances de la reforma educativa de 2012 ni los que recién plantearon las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en San Lázaro.
“Aceptar las propuestas que proponen quienes se oponen al dictamen sería un grave retroceso para la educación, para los derechos de niñas, niños y adolescentes y para los de la gran mayoría de las y los docentes”, precisó.
Enfatizó que aprobar la propuesta del presidente tal cual significaría avalar lo que propone la CNTE para recuperar prebendas, privilegios y vicios como la venta de plazas y el manejo discrecional de los recursos para beneficio de las dirigencias y no de los maestros.
Abundó que eliminaría cualquier posibilidad de evaluación diagnóstica y violaría el derecho de las y los docentes de aspirar a un mejor salario y a un cargo de dirección
Es síntesis, precisó, “sería dimitir de la responsabilidad constitucional del Estado de ejercer la rectoría en la educación”.
“En el dictamen que aprobamos se corrige lo que se tenía que corregir, se elimina el carácter punitivo, se garantizan los derechos del magisterio, la permanencia y la estabilidad en el empleo de las y los maestros, se crean las condiciones para fortalecer la calidad de la educación y, sobre todo, se mantiene la rectoría del Estado en la educación”, precisó.
Para finalizar, sentenció que “pretender gobernar por decreto y vulnerar las facultades del Poder Legislativo es propio de regímenes autoritarios. El presidente de la República cometería un grave error si en afán de quedar bien con sus aliados electorales en el magisterio, ignora las demandas de la sociedad de mejorar la educación del país y anteponer el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, por encima de cualquier interés político y económico”.
