El alcalde del municipio rural de Pisaflores, Hidalgo, Luis Francisco González Garay, se encuentra prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos.
El edil, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es uno de 13 a los que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) responsabiliza por, presuntamente, ser parte de una red de corrupción que malversó 522 millones 824 mil 955 pesos mediante transferencias a empresas fantasma y servicios simulados durante el gobierno de Omar Fayad Meneses.
El 23 de noviembre fueron detenidos los primeros cuatro alcaldes por este supuesto caso de corrupción que las autoridades han denominado la “estafa siniestra”: Fidel Arce Santander, de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla; Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica, y Luis Enrique Cadena García, de Nopala.
Un día después, en la serranía hidalguense, la policía ministerial coordinó un operativo para aprehender al munícipe de Pisaflores; no obstante, no fue ubicado en las propiedades que tenían identificadas en su rango de movilidad ni localizado en la demarcación.
A través de labor de inteligencia, detectaron que González Garay se había desplazado a otra entidad, lo cual, presumen, hizo al conocer las acciones judiciales en su contra, por lo que la PGJEH solicitó al Tribunal Superior de Justica estatal una declaración como prófugo de la justicia
Según las carpetas de investigación abiertas, además de los 13 ediles hay, por lo menos, dos secretarías de la anterior administración implicadas y un exintegrante del gabinete de Omar Fayad Meneses, señalado como el posible autor intelectual de este desfalco, a decir de implicados que buscan un criterio de oportunidad al aportar información sobre presuntos responsables de mayor rango.
El “cerebro” detrás de la “estafa siniestra” ideó el modus operandi: el requerimiento de recursos extraordinarios al gobierno del estado para obra pública como reparación de caminos e insumos para hacer frente al covid-19. A partir de ello, hubo un proceso de autorización de la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, y se hicieron transferencias a través de diversos bancos.
Posteriormente, este personaje instruyó cómo presentar los “comprobables” de los servicios simulados y a las empresas falsas que emitirían las facturas para justificar el destino del recurso.
Lo anterior se basa en las indagatorias abiertas, además de declaraciones del encargado del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, sobre los procesos iniciados por este esquema en el que, afirma, hay “evidencia suficiente” de que operó con complicidad de funcionarios del anterior gobierno, los alcaldes más integrantes de asambleas municipales, también en la mira.
Alcalde libra prisión
Unas horas después de su detención, el edil de Nopala recuperó su libertad por un recurso presentado por su defensa.
A diferencia de los alcaldes de Huautla, Yahualica y Epazoyucan, todos priistas, contra Luis Enrique Cadena (Morena) no hubo audiencia inicial por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones. Por un amparo, libró la prisión preventiva justificada que obtuvieron los otros tres alcaldes a quienes la PGJEH vincula con la “estafa siniestra”.
Como medida cautelar, el morenista, que la madrugada del jueves dejó de estar bajo la custodia de la policía ministerial, que lo había detenido en su municipio, debe separarse del cargo y no salir del país.
La procuraduría había insistido en la permanecía en reclusión por el capital político y económico de los posibles implicados.
Los otros tres ediles, que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se determine si son o no vinculados a proceso.
Con información de Proceso
