Diputados aprueban dictamen que expide Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado

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México, 1 de May.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con el objetivo de eliminar privilegios a los servidores públicos y evitar el engrosamiento del aparato burocrático.

El dictamen aprobado durante la víspera, fue avalado en lo general con 387 votos a favor y 33 abstenciones, y en lo particular con 361votos a favor, 45 en contra y dos abstenciones,  también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, estipula que con la política de austeridad republicana se limitará el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y los recursos humanos a su servicio, así como al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.

Se establece que con la aprobación de esta legislación se lograrán  ahorros, aunque sin  generar impactos presupuestarios, pues habrá una reasignación de las economías logradas para mejorar la distribución y calidad del gasto. Esto a partir de prohibir seguros privados de gastos médicos, de vida, de ahorro, de separación individualizada o colectiva y la creación de cajas de ahorro especiales, así como evitar la duplicidad de funciones.

Se reducirá el gasto público al eliminar las pensiones de retiro a quienes hayan sido titulares del Ejecutivo federal, distintas de las que otorga el ISSSTE, así como la asignación de servidores públicos, civil o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública presentaron adenda de modificación al dictamen, a fin de estipular que el cumplimiento de la ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno.

Se limitará la asignación de chofer sólo a subsecretarios de Estado y superiores, así como a titulares de entidades de control directo y se prohíben las plazas con nivel de dirección general adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento.

De igual forma, se prohíbe el arrendamiento de vehículos de lujo  y de ser necesario esta acción será sometida a la consideración del órgano encargado del control interno que corresponda; además se elimina el pago de servicios de telefonía fija y móvil.

Queda prohibida la creación de fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos, salvo los previstos  en leyes federales o tratados internacionales en las áreas de salud, educación, procuración de justicia y seguridad social y pública. La Auditoría Superior de la Federación dará seguimiento y evaluación rigurosa del cumplimiento de los fines para los cuales fueron constituidos.

Se enfatiza que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

De igual manera, queda prohibido a cualquier persona física o moral el uso de su personalidad jurídica para eludir el cumplimiento de obligaciones y perjudicar el interés público o privado.

Se aplicarán acciones fiscalizadoras y políticas de transparencia en el sector privado cuando participe de recursos públicos, incluyendo el levantamiento del velo corporativo, a efecto de evitar como causa excluyente de responsabilidad del servidor público o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad jurídico colectiva.

Define que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, deberán destinarse a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular.

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