La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional, por 6 votos contra 5, la figura de los superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del actual Gobierno que pagan beneficios directos a la población.
Según publica Reforma, la ministra Loretta Ortiz rompió hoy un empate que se registró la semana pasada en el Pleno de la Corte, cuando cinco ministros apoyaron un proyecto que declara la invalidez de las llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que están adscritas a la Secretaría de Bienestar, pero dependen directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otros 5 votaron por la validez de esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente desde el primer día de este sexenio, y la ministra Ortiz, nominada a la Corte por López Obrador, se sumó hoy a este grupo para integrar la mayoría.
Los superdelegados ya no estaban en peligro de ser anulados, pues para ello se requerían al menos 8 votos.
Pero el voto de Ortiz servirá para que la sentencia incluya un pronunciamiento de que la figura de los superdelegados es constitucional, mismo que solo requiere mayoría de seis ministros, pues si hubiera votado por la invalidez, el caso hubiera sido desestimado sin pronunciamiento de la Corte.
La semana pasada, según detalla Reforma, la minoría sostuvo que el problema no es la posible invasión de atribuciones estatales, sino a otras dependencias federales, pues los superdelegados pueden operar toda clase de programas del Gobierno.
“¿Quién decide finalmente sobre la implementación de los planes, programas y acciones asignados a las secretarias de Estado, los titulares o los delegados?”, cuestionó Norma Piña.
“¿Los delegados, pueden ejercer presupuesto no asignado a la secretaria de Estado a la que están adscritos?”
Alfredo Gutiérrez afirmó que se rompe el esquema constitucional de ejercicio del Poder Ejecutivo por medio de las Secretarías de Estado, y que los superdelegados son una especie de órgano administrativo transversal, que puede vigilar o supervisar programas que implementan Secretarías distintas a Bienestar.
La mayoría rechazó que existan estos vicios, y afirmó que está claro que los superdelegados solo están facultados para operar programas federales, sin invadir atribuciones de los gobiernos locales, precisa el rotativo nacional.
Alberto Pérez Dayán consideró que, si bien la Ley Orgánica de la APF no detalla totalmente las facultades de los superdelegados, estas sí fueron delimitadas en un reglamento expedido por el Ejecutivo en 2019.
La Corte también había avalado, en 5 votaciones, otras reformas a la Ley de la APF, que fueron solicitadas al Congreso por López Obrador antes de su toma de posesión en diciembre de 2018.
Con información de Reforma
ENLACE INFORMATIVO, 23-05-2022
