Con mayoría de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula la subcontratación laboral, conocida como “outsourcing”.
Este dictamen aprobado en comisiones reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.
Asimismo, establece una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a cuatro millones 481 mil pesos a las empresas que violenten las disposiciones.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma trascendental e histórica que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año que actualmente se registra en México por la contratación a través del “outsourcing”.
Apuntó que se tiene que terminar con todo el abuso laboral que generó un sistema laboral “perverso e insensible”, diseñado sin considerar las necesidades sociales.
Senadores de todos los partidos políticos respaldaron los cambios legales que buscan poner fin a los abusos y las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores; sin embargo, los panistas Kenia López Rabadán y Erandi Bermúdez votaron en abstención para pedir que las sanciones entren en vigor hasta enero de 2022.
