Carlos Marín
Milenio Diario
Desde el nombre, absurda decisión
El partido en el poder quiere matar el Seguro Popular y crear algo mejor con el ridículo nombre de Instituto de Salud para el Bienestar. ¿En alguien medianamente cuerdo cabrá la idea de un organismo de prevención y atención sanitaria para el malestar? Por su siglas será el ISB o, con P mayúscula, el ISPB. Y si, como cuando preguntó Andrés Manuel López Obrador en un mitin, no se sabe lo que significa Coneval, es inimaginable que se entienda lo que será “el Iesebe” o en “el Iesepebe”.
Más allá de la formas pleonásticas (qué bueno que la Conagua sobrevive y no se le añada la H de húmeda), el fondo de la extinción del Seguro Popular es lo que señalan los seis ex secretarios de Salud en su carta al Presidente de la República, a los órganos de Gobierno del Congreso de la Unión y a la opinión pública, alertando sobre la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud”, por considerar que “tiende a una recentralización” del sistema.
“La voluntad por desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular”, opinan, es un “error crucial” que “anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo. El Seguro Popular es una pieza que se colocó sobre el edificio construido por las generaciones anteriores de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud”.
Es una historia de política (la del Seguro Popular) “acorde con la dimensión y la naturaleza del sistema público, que exige estrategias graduales, perseverantes y tenaces. Su mejora no es obra de ningún viraje repentino, de un gran cambio, sino de políticas de Estado”. Gracias a esto, “México tiene hoy más camas de hospital por habitante, más médicos y más enfermeras, y por eso ha reducido continuamente la mortalidad infantil, la muerte materna y logrado eliminar o controlar enfermedades como la poliomielitis y la difteria, controlar el sarampión y la rubeola, y contar con uno de los esquemas de vacunación más completos”.
La pertinencia del Seguro Popular (más de 15 años de vida) se refleja en su elevado número de afiliados (se multiplicó por 15 en diez años) y los pacientes y familias más pobres de México “no perdieron su patrimonio ni se arruinaron, precisamente porque existe el Seguro Popular y su instrumento financiero para atender las enfermedades de alto costo y complejidad: el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, hacen ver los ex secretarios.
No sobra insistir: un paso tan capital como la desaparición de una institución (son ya varias las fulminadas en siete meses) requiere ser debatido, en uno y otro sentidos, con argumentos sólidos.
Si todo fuera cosa de borrón y cuenta nueva, México se quedaría sin instituciones porque en todas hay deficiencias y problemas.
