Carlos Marín
Milenio Diario
Inaudita saña contra Rosario
Hace ocho días, Animal Político informó que “fuentes ministeriales” le confiaron que no contaban todavía “con pruebas suficientes para imputar a Rosario Robles el delito de cohecho, por lo que el citatorio (judicial para este miércoles 8) se limita al presunto delito de ejercicio indebido de la función pública”.
La nota es importante porque a) ese portal destapó y bautizó como la estafa maestra la investigación de su equipo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que publicó hace casi dos años (septiembre de 2017), y b) el caso implica empresas fantasma y el probable desvío de tres mil 433 millones de pesos, con la complicidad de universidades públicas (parecían ser ocho). En octubre de 2018, Animal… precisó que son cuatro las que “participaron en el presunto desvío de recursos con dependencias federales a través de convenios para hacer supuestos servicios que no se cumplieron (…). Se trata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo cinco convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre 2013 y 2015. Este mecanismo de desvío fue alertado desde 2013 por la Auditoría Superior de la Federación, que en sus revisiones anuales detectó que universidades públicas subcontrataban a empresas que no cumplían con los servicios previstos. Aún así, diferentes instituciones de educación superior continuaron con esa práctica, pese a que el ex auditor superior, Juan Manuel Portal, advertía que se trataba de un esquema que propiciaba corrupción. Entre los implicados en la estafa maestra, las universidades son las únicas que no han dicho nada públicamente y no han sido llamadas a rendir cuentas por nadie, pese a que han sido denunciadas penalmente en 2015 y 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.
En el crimen están involucradas 11 dependencias gubernamentales y organismos estatales de comunicación como Radio y Televisión de Hidalgo y Telemax Sonora.
La ASF concluyó que el asunto es de fraude y corrupción, tras lo cual el Servicio de Administración Tributaria inició un rastreo que, en principio, involucró a 38 empresas.
Escandaloso, grande y oneroso este caso cuando Enrique Peña Nieto era Presidente de la República y la ex jefa de Gobierno de la capital del país encabezaba la Sedesol, primero, y la Sedatu después.
Hoy la señora está acusada por la Fiscalía General de la República como presunta responsable de delitos contra la administración pública por el uso indebido de recursos, y sus dos cuentas bancarias fueron congeladas por la perspicaz y porosa Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que Rosario no pueda gastar sus inexplicables… ¿20 mil pinches pesos…?
