La Cámara de Diputados aprobó una reforma para ampliar hasta el 1 de abril de 2030 el plazo de implementación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, medida que generó un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el futuro de la justicia civil y familiar en el país.
El dictamen fue respaldado en lo general por 363 votos a favor y 57 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 367 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones. Con ello, la propuesta fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual votación.
Los promotores de la reforma argumentaron que la ampliación del plazo permitirá a los estados y a las instituciones responsables contar con más tiempo para adecuar infraestructura, sistemas tecnológicos, capacitación de personal y recursos presupuestales antes de la entrada en operación del nuevo modelo procesal.
Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, sostuvo que la prórroga pretende asegurar una transición ordenada y eficiente, evitando afectaciones a los ciudadanos que recurren a los tribunales para resolver controversias civiles y familiares. También destacó que las entidades que ya cuenten con las condiciones necesarias podrán aplicar el código antes de la fecha límite establecida.
La decisión, sin embargo, fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes consideraron que el aplazamiento representa un nuevo retraso en la modernización del sistema judicial. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, recordó que la reforma constitucional que dio origen al Código Nacional fue aprobada en 2017 y acusó que la nueva prórroga extenderá excesivamente su entrada en vigor.
En el mismo sentido, diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI señalaron que la postergación afectará a miles de personas que enfrentan procesos civiles y familiares prolongados, además de advertir que no se han destinado recursos suficientes para garantizar que las entidades federativas estén preparadas cuando concluya el nuevo plazo.
Por su parte, legisladores del Partido del Trabajo defendieron la modificación al considerar que una implementación apresurada podría generar mayores problemas en la impartición de justicia. Señalaron que actualmente existen limitaciones presupuestales y operativas que dificultan la puesta en marcha integral del nuevo sistema en todo el país.
Durante el debate también se destacó que algunas entidades federativas, entre ellas Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Baja California, ya han avanzado en los trabajos de adecuación para adoptar el nuevo modelo procesal, lo que podría generar diferencias temporales en la aplicación de los procedimientos judiciales entre distintos estados.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue concebido para unificar reglas y criterios en todo el territorio nacional en materias civiles y familiares, con el objetivo de homologar procesos, agilizar trámites judiciales y fortalecer el acceso a la justicia para los ciudadanos.
