Es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos de inconstitucionalidad y controversias sobre la Ley General de Seguridad Interior, pues amparos recién concedidos por jueces sobre aspectos de la misma generan incertidumbre, afirmó el diputado Rafael Hernández Soriano.
Acompañado de integrantes del colectivo Conciencia y Libertad Ciudadana, a la cual se le concedió un amparo colectivo (118/2018) respecto a la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y su subordinación al mando civil, el legislador perredista indicó que la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre tiene que ser reformada, pero es indispensable que la Corte se pronuncie para iniciar el proceso legislativo.
Hernández Soriano indicó que el exhorto a la Suprema Corte es para que dé certeza jurídica a una ley que ha sido cuestionada y que no puede verse como la estrategia para hacer frente a la inseguridad que azota con más intensidad al país, menos aun cuando la estrategia del gobierno no ha cambiado.
El también secretario de la Comisión de Gobernación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, puso de relieve que “las resoluciones de los últimos días que declaran procedentes los juicios de amparo, generan incertidumbre jurídica ante la falta de alguna resolución de la Corte al respecto.
“Si será en contra de alguno de los artículos, o toda la ley, o la Corte eventualmente la declararía procedente en su conjunto, lo que crea es incertidumbre, ya por lo menos dos jueces han manifestado que sí se están violando preceptos constitucionales, uno de ellos el artículo 129 constitucional, que faculta a las fuerzas armadas a participar en tareas solamente en tiempos de paz, y circunscribe –el mando– a la autoridad civil”, exuso.
“Hacemos el llamado a la Suprema Corte para que agilice el estudio y en un tiempo razonable emita una resolución”, reiteró, al tiempo de considerar que “puede haber más solicitudes de juicios de amparo y la ausencia de la Corte incrementará la incertidumbre”.
Hernández Soriano indicó que hay por lo menos dos acciones de inconstitucionalidad, una en la Cámara de Diputados y otra del Senado, así como al menos 10 controversias promovidas por diferentes ayuntamientos y el Gobierno del estado de Chihuahua.
El diputado federal subrayó que no basta con que el presidente de la República haya dicho que en tanto no exista una resolución de la SCJN, no emitirá un decreto para utilizar a las fuerzas armadas con base en la ley que se aprobó en diciembre.
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