El gobierno mexicano presuntamente tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina, pero se está rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al partido gobernante previo a las elecciones presidenciales, revelaron tres personas con conocimiento directo del caso en una publicación que realiza el diario estadounidense The New York Times (NYT).
De acuerdo con la publicación que retoma de NYT el diario Reforma, el escándalo involucra a la empresa brasileña Odebrecht, misma que ha admitido pagar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países.
Destaca que las consecuencias de las investigaciones han tocado a casi todo país en la Américas donde operaba la compañía, con presidentes destituidos, funcionarios arrestados y la política nacional trastocada desde Perú hasta Panamá, no obstante, existen dos excepciones notables como son Venezuela, a la cual señala como un paria internacional con un gobierno autoritario, y México, en donde subraya que las investigaciones se han estancado dos investigaciones federales separadas.
Menciona que los casos penales yacen atrapados en “un limbo legal común” para las investigaciones políticamente delicadas en México, en donde afirma que “la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos al incipiente Estado de Derecho del país”.
Señala que “los escándalos de corrupción han asolado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desde el momento en que ocupó el cargo. Su esposa adquirió una residencia construida a su gusto de un contratista del Gobierno bajo condiciones favorables, lo que dio inicio a la caída de sus índices de popularidad”.
Refiere que surgieron más escándalos, incluyendo la desaparición misteriosa de 43 estudiantes normalistas, el uso de herramientas sofisticadas de espionaje compradas por el gobierno para monitorear a periodistas y abogados de derechos humanos y acusaciones de que altos funcionarios desviaron fondos públicos para pagar campañas electorales del partido.
Reprueba “la falta de avances en el caso Odebrecht ha sido un punto sensible en México desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos”, al citar que una de las investigaciones mexicanas -iniciada por un fiscal especial y que generó documentos revisados por The New York Times- identificó a un allegado cercano a Peña Nieto como sospechoso”, no obstante, destaca que la investigación apenas iba iniciando cuando el entonces fiscal fue despedido por el gobierno en el mes de octubre.
Y enumera que a partir de entonces el caso ha tenido pocos avances, “con incluso solicitudes de información básica tardando meses, de acuerdo con otras dos personas que han revisado los expedientes más recientes del caso, pese a que la Procuraduría General de la República acumuló evidencia suficiente hace meses para acusar a sospechosos, de acuerdo con tres fuentes quienes han revisado el caso o han sido informadas sobre el mismo y cuenta con declaraciones de directivos de Odebrecht que ubican como pieza clave de los sobornos al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, uno de los principales allegados y aliados más cercanos del Presidente, y miembro del equipo de campaña de Peña Nieto en el 2012, quien niega cualquier acción indebida, y su abogado indica que no hay evidencia sólida de que aceptó los presuntos beneficios.