México, 29 de Jul.- Es jurídicamente inválido el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 pues su publicación carece de los requisitos legales para ello, por lo que la diputada Azucena Rodríguez Zamora demandará la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La parlamentaria perredista recordó que el Ejecutivo Federal violó la Constitución y otras leyes desde el inicio mismo del proceso legal de revisión y aprobación del PND al mandar dos documentos, en vez del único que se le mandata, con idéntico membrete (“Plan Nacional de Desarrollo”).
Aun así, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y sus aliados avalaron uno de los dos documentos y, gracias a la presión de los otros grupos parlamentarios, le enviaron al Ejecutivo el decreto correspondiente junto con el informe de Parlamento Abierto y el trabajo desarrollado por las Comisiones de la propia Cámara, para su consideración y publicación.
El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación ignoró las observaciones del Parlamento Abierto y las de las Comisiones de la Cámara.
Por si fuera poco -destacó Rodríguez Zamora-, la publicación se hizo sin la firma del Secretario de Hacienda y Crédito Público, al cual corresponde legalmente la elaboración y seguimiento del PND, tal como lo disponen la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta misma Ley Orgánica establece en su artículo 13 que, para su validez y observancia constitucional, los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán firmarse por el Secretario de Estado respectivo, conforme a las competencias legales que a cada cual corresponden.
Como el PND incluido en el decreto que publicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de julio pasado carece de la firma del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto uno como otro carecen de validez y de vigencia legal y constitucional, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás leyes aplicables.
“Por otro lado, es indubitable que fueron ignorados por el Ejecutivo Federal tanto el Informe de Parlamento Abierto como las opiniones formuladas por las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, los cuales le fueron debidamente remitidos para su consideración”, agregó la diputada federal por Veracruz.
Puntualizó que toda vez que la administración del Diario Oficial de la Federación y la publicación en sus páginas de leyes y decretos del Congreso de la Unión, de alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente, y de los reglamentos que expida el Presidente de la República, así como el registro de las firmas autógrafas de funcionarios federales y gobernadores corresponde a la Secretaría de Gobernación, procede que la titular de esta dependencia responda por la anómala publicación del “PND”.
En virtud de la importancia nacional de este asunto, la diputada Azucena Rodríguez Zamora consideró fundamental el apoyo del Congreso de la Unión a su demanda.
Por tal motivo, propondrá un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso en su sesión del miércoles próximo, para que se cite a comparecencia a la Secretaria Sánchez Cordero y ésta informe sobre la invalidez constitucional de la publicación del PND en el Diario Oficial de la Federación y el ninguneo que hizo a la Cámara de Diputados y al Parlamento Abierto.
