Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó este lunes que la “operación de destrucción” del instituto está detenida, después de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek otorgara una suspensión del plan B electoral.
En entrevista para Latinus con Claudio Ochoa Huerta, dijo que si permanecen desactivados los efectos del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el instituto estará en condiciones de tener elecciones presidenciales democráticas el próximo año.
“Con esta suspensión vamos a estar en condiciones de ir a las elecciones del próximo año con las reglas fruto del consenso democrático que nos han dado elecciones creíbles a lo largo de los últimos años y con una autoridad electoral, profesional e independiente”, dijo Murayama.
El consejero Murayama aseguró que la decisión de la SCJN es un gran paso para evitar que haya un riesgo político innecesario y que eso representa “un retroceso grave”.
Dijo que las manifestaciones ciudadanas, además de la persistencia de las autoridades electorales y del Poder Judicial, mantendrán en pie la democracia de México.
Sobre las elecciones del 2024, el consejero Ciro Murayama dijo que no se pueden cambiar las reglas 90 días antes de que empiece el proceso electoral, que comienza en septiembre. Señaló que con la suspensión al plan B, la fecha límite para hacer algún cambio a las normas es el 2 de junio.
El viernes pasado el Poder Judicial informó que el ministro Javier Laynez admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra de las reformas en materia electoral.
Con ello, otorgó la suspensión provisional para que las cosas mantengan el estado que tenían previo a la entrada en vigor de la reforma.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, informó la SCJN en su comunicado.
El ministro Laynez solicitó tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.
FUENTE : LATINUS
