El ministro Fernando Franco propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que prolongar por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar y el nombramiento de seis consejeros de la Judicatura, viola la Constitución y atenta contra la autonomía del Poder Judicial Federal (PJF).
Según la edición de hoy de Reforma, Franco, decano de la Corte, repartió a sus colegas el proyecto de sentencia en la consulta que el propio Zaldívar promovió en junio pasado, bajo el Artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, para buscar una postura del Pleno en relación con la prolongación de periodos, que Morena y sus aliados introdujeron de última hora en el artículo décimo tercero transitorio de la reforma a leyes judiciales.
Fuentes con acceso al proyecto informaron que se propone declarar que la prórroga de la presidencia de Zaldívar hasta el 30 de noviembre de 2024, viola directamente el Artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años la permanencia de los presidentes de la Corte, y faculta únicamente a los ministros para elegirlos.
El viernes pasado, en conferencia de prensa, Zaldívar anunció que no aceptará prorrogar su presidencia más allá del 31 de diciembre de 2022, luego de cuatro meses de recibir duras críticas por no rechazar esta reforma, pero el ministro no se pronunció sobre la inconstitucionalidad del transitorio al estar pendiente el debate en el Pleno.
Franco también propone aclarar que agregar dos años a los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura Federal en funciones -cinco de ellos, designados en 2019-, atenta contra el Artículo 100 de la Carta Magna, que categóricamente señala que estos funcionarios solo ocuparán sus puestos durante cinco años.
El resultado de la consulta, de ser aprobada por una mayoría de seis de los once ministros, sería la inaplicación del artículo transitorio y la obligación de los siete funcionarios mencionados de dejar sus cargos en las fechas originalmente designadas.
Las fuentes informaron que el proyecto critica severamente la invasión del Congreso a la autonomía del PJF, al haber pretendido designar mediante una ley secundaria a un presidente y tres consejeros de la Judicatura, cuyos nombramientos son facultad exclusiva de los ministros de la Corte.
También se critica la prórroga de los dos consejeros de la Judicatura que designó el Senado y del que nombró el Ejecutivo, al no tener tampoco algún fundamento constitucional.
El proyecto, indicaron los informantes, aclara que esta consulta no puede resultar en la invalidez con efectos generales del artículo transitorio, y que eso deberá votarlo la Corte cuando resuelva las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, cuyo trámite también lleva el ministro Franco, pero aún no ha concluido.
La Corte discutió hoy, en privado, la fecha para resolver este asunto en una sesión pública, pero todavía no se fijó alguna.
“Luego de analizar detalladamente la cuestión, las señoras y señores ministros llegaron al consenso de que dicho proyecto será discutido en una fecha próxima por definir, ya sea conjuntamente con las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, en contra del mismo precepto, o en forma individual, según se determine”, informó la Corte en un comunicado.
Algunos ministros consideran que la Corte debería discutir primero las acciones, que dejarían sin materia la consulta, en caso de que al menos ocho ministros voten por la invalidez. La consulta, en cambio, no puede dejar sin materia a las acciones.
