El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación de los derechos humanos de niñas y adolescentes, porque afectan su desarrollo y el ejercicio de sus derechos humanos a la salud y a la educación.
La autonomía de las comunidades indígenas debe garantizarse en todo momento; sin embargo, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las menores.
Confió en que se apruebe su iniciativa para eliminar la venta de niñas y adolescentes en pueblos y comunidades indígenas.
La iniciativa es para reformar el artículo 2 de la Constitución Política, a fin de establecer que, sin demérito del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, deberán respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que se puedan justificar prácticas cantarías a este principio por usos y costumbres.
Advirtió de los casos que se han presentado en comunidades indígenas, en las que se ha constatado que las niñas pueden tener un precio que se llega a pagar en transacciones manejadas como usos y costumbres.
Lo anterior se traduce en una mayor desventaja y discriminación en perjuicio de este sector de la población.
