Convoca PRD a Hacienda, a revisar con diputados pretendida legislación con tintes de terrorismo fiscal

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México, 1 de Oct.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, emplazó a la Secretaría de Hacienda a revisar los procedimientos que dotan, a partir del próximo año, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de poder burocrático exagerado para aplicar “terrorismo fiscal”  sobre personas físicas y morales a las que se vincule con expedición de facturas falsas y que ahora -de acuerdo con legislación recientemente aprobada por Morena y sus aliados- es perseguido con rango de delincuencia organizada.

Con la representación del GPPRD, el diputado Antonio Ortega Martínez acusó que -hasta el momento- no ha habido ningún anuncio, ninguna posición, ni declaración de parte de la dependencia que encabeza Arturo Herrera, que muestra apertura a revisar y mejorar dichos procedimientos que –dijo- lejos de incentivar el crecimiento nacional, lo pueden inhibir en detrimento de la generación de los empleos que tanto se necesitan.

En el marco de una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda (de la que Ortega es Secretario) con el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el legislador perredista reclamó al funcionario su falta de respuestas ante preguntas específicas que fueron no solo respecto al “Terrorismo Fiscal” que se implementará; sino que también le cuestionó cómo se planea hacer el pago de la reciente renegociación de la deuda que, por 12 billones de pesos, tiene el país y que fue ampliada por el gobierno de López Obrador a 24 y 26 años más. Recordó que hoy solo se destina lo correspondiente a intereses (700 millones de pesos) pero esa ampliación ameritará mayor endeudamiento, aunque se diga que no.

“¡Nadie -como si fuera un secreto de Estado- nos dice cuánto es el impacto del servicio de la deuda de esa renegociación!”, criticó.

Igualmente quedó sin respuesta el tema de los subejercicios del presupuesto 2019 que, de julio a septiembre, ascendieron a 232 mil millones de pesos, cuando se supone –dijo- que la Cámara de Diputados asignó ese dinero para que fuera usado y destacó que esto ha incidido negativamente en el crecimiento económico y también genera desconfianza e incertidumbre en la inversión privada.

“Si hacemos un cálculo básico estamos hablando de que, al final del año, habrá un subejercicio cercano a los 300 mil millones de pesos. El gobierno dice que es austero; pero con este dato lo que realmente es, es ‘desperdiciado’, ‘ineficaz’ e ‘ineficiente’ porque la Cámara de Diputados le aprobó recursos para gastárselos –en el sentido positivo, desde luego- no en lo que quiera, sino en programas que se le autorizaron”.

En esta oportunidad, repuso Antonio Ortega, hice un planteamiento concreto sobre la discrecionalidad con la que el SAT está siendo dotado para aumentar la recaudación (con la que no estamos en contra). De lo que estamos hablando es del altísimo poder que se le está dando.

El calificativo de “Terrorismo Fiscal” es fuerte, agregó, pero acertado. Se dotará al SAT con facultades excesivas, discrecionales, sin procedimientos claros, ni límites legales, lo que provocará grave inseguridad jurídica y desaliento en la actividad productiva y las inversiones.

“La propuesta impositiva –añadió- pasa por alto que la principal fuente de inversión, empleos y crecimiento, son las ganancias de los empresarios (grandes, pequeños o micro). Aumentarles los impuestos o sus gastos de contabilidad y administración, inhibe su actividad, reduce las cantidades disponibles para la creación de empleos productivos y, por ende, el crecimiento de la actividad económica”, repuso.

La ‘traslación fiscal’ -citó- implica que, al aumentar el costo fiscal a las empresas, éstas a su vez lo transfieren a los precios de sus productos o cierran; y si lo absorben, reducen entonces su crecimiento afectando los empleos y la producción.

El legislador federal citó que, aun cuando el gobierno argumenta que la crítica busca proteger prácticas ilícitas y delitos que -como la emisión de facturas falsas o su venta- lesionan gravemente la recaudación del Fisco; subrayó que tampoco existe desde Hacienda, alguna señal en el sentido de reconsiderar y moverse de esa respuesta única que ha dado a dicha crítica y al calificativo de: “Terrorismo Fiscal”.

“Si bien se debe combatir a quien emita facturas falsas, no se puede hacer responsable al empresariado nacional de la existencia de dicho fenómeno, ni pedirle que a cada factura que reciba por compras o suministros, investigue su legal procedencia y, menos, castigarlo por no hacerlo. Ello es una arbitrariedad, porque simplemente no es su función ni tiene los instrumentos adecuados para hacerlo”, asentó.

“Estamos ante una política impositiva estrictamente recaudatoria y regresiva, no solo porque los sectores de menores ingresos destinarán una mayor proporción de recursos al pago de impuestos (administración, abogados, contadores, despachos) con respecto a los de mayores ingresos, sino porque distorsiona conceptos de la doctrina fiscal”, enfatizó. “Se genera, repito, una grave distorsión entre las obligaciones formales y sustanciales”.

Recordemos, aclaró Ortega al funcionario, que un aumento de impuestos no implica un incremento automático equivalente en la recaudación. Llega el momento en que, a mayores impuestos, menor recaudación. Una economía que crezca al 6 por ciento con impuestos bajos, recauda más que otra que crece al 0 por ciento (como la nuestra), y con el doble de tasas de impuestos.

Al finalizar, el diputado federal perredista cuestionó el destino del paquete de rescate y estímulo a la inversión anunciado en julio pasado por Arturo Herrera, y que contemplaba una bolsa de 408 mil millones de pesos que, finalmente, no tuvo ningún impacto; pero en cambio –repuso- este inicio de semana, fue dado a conocer por el Consejo Coordinador Empresarial y el magnate Carlos Slim que los grandes empresarios pondrán en marcha un plan de inversión productiva e infraestructura cercano al billón 600 mil millones de pesos como única alternativa para frenar el deterioro económico del país.

¡Ahora resulta que el presidente López Obrador y su gobierno dependen de la “mafia del poder”! porque, si los empresarios no avanzan en la ruta de proyectos productivos donde ponen dos partes y la administración federal una, el régimen de López Obrador sigue paralizado, concretó.

 

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