Columnas Políticas, Templo Mayor

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Reforma

Dos cosas causaron gran sorpresa en la terna de aspirantes con la que Andrés Manuel López Obrador pretende ocupar el lugar que deja José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia.

La primera, sin duda, es la falta de recato para disimular que quiere un ministro o ministra a modo, pues dos de las candidatas son abiertamente morenistas. Y el tercero, bueno, también le es muy cercano.

Mientras Celia Maya intentó llegar al Senado y Loretta Ortiz fue diputada, ambas por Morena, Juan Luis González Alcántara presidió el Tribunal Superior de Justicia capitalino justamente durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México.

Y la otra gran sorpresa fue que Leticia Bonifaz quedó fuera de la terna, pese a que se le consideraba como favorita dado su buen nombre, el apoyo que tenía de diversos organismos civiles, su historial en materia de derechos humanos y su cercanía con Marcelo Ebrard.

De hecho, la propia funcionaria de la Corte publicó ayer mismo uno de esos tuits que no dicen nada, pero dicen todo: “Hay ideas que acaricias. Ronronean junto a ti. Luego escapan hacia el tejado más próximo”. ¡Miau!

En los pasillos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se comentaba ayer que el espinoso asunto de la posible anulación de la elección para la gubernatura de Puebla se decidirá mañana.

¿Y por qué trabajarán en sábado los magistrados que preside Janine Otálora? Pues porque dos de ellos no podían sesionar antes para abordar el tema debido a que andaban en Europa y hasta hoy llegarán al país.

El hecho es que mañana sabremos si la panista Martha Érika Alonso mantendrá la gubernatura o si el proceso será anulado y habrá una nueva elección. Moles, pues.

Si un número tienen claro los senadores de oposición, que será clave en los próximos seis años, es el 43.

Y nada tiene que ver con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sino que son los votos necesarios para romper la mayoría calificada en la Cámara alta y meterle freno a la aplanadora de Morena y sus aliados en votaciones importantes.

Con esa cantidad de legisladores se puede evitar un cambio a la Constitución o el nombramiento de algún “carnal” en un cargo relevante, pero también es el mínimo -un tercio de la Cámara- para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para impugnar una ley ya aprobada.

Así es que los 24 panistas, 15 priistas, 7 emecistas y 5 perredistas buscarán sumar hasta 43… muchas veces.

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