Por más que la normatividad confiera a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México la facultad de “determinar las zonas de parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos; así como establecer las características técnicas de los dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento; su instalación, operación y mantenimiento por si o a través de terceros…”, la eventual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México debe atender la reiterada exigencia de la ciudadanía al respecto.
Lejos de que los parquímetros cumplan con el supuesto propósito de generar una “urbe más amable” por “la disminución de accidentes viales; reducir la congestión vehicular, promover el transporte público; mejorar la calidad del aire; recuperar el espacio público; mejorar la movilidad de la zona; ayudar a mejorar la accesibilidad del peatón y disminuir la contaminación visual y auditiva”, mientras la misma autoridad no se haga responsable de impulsar el mejoramiento del transporte público de pasajeros, todo lo anterior resultará demagogia pura.
La famosas arañas o aparatos inmovilizadores que se aplican a los vehículos en diversas colonias como la Nápoles, la Roma, La Condesa, la Juárez y la Cuauhtémoc de la capital del país, entre muchas otras, propiciando en ocasiones daños en propiedad ajena por la precipitada o quizá hasta dolosa colocación del aparto por falta de pago en parquímetros o el rebase del tiempo pagado, lo único que genera es conflicto entre los habitantes de la ciudad capital y sus autoridades y/o personal de las empresas concesionarias del servicio. No logra de ninguna forma un entorno más amable.
Más aún, la colocación de las famosas “arañas” retarda el retiro del vehículo estacionado en zonas prohibidas por la necesaria obtención de los recursos económicos para el pago de la sanción y el acudir a establecimientos autorizados para efectuar el pago, prolongando el obstáculo que pudiera representar o la prolongación entiempo de la infracción administrativa, limitando la accesibilidad del peatón o la fluidez del tránsito vehicular. Tampoco cumple estos objetivos.
No son pocas las ocasiones en que particulares o inclusive servidores públicos al estacionarse momentáneamente por necesidad en algún lugar no permitido o sin efectuar el pago del parquímetro, se han enfrascado en pleitos callejeros con policías de tránsito y personal de empresas privadas concesionarias del servicio, ofreciendo un espectáculo de verdad lamentable tanto para propios como extraños.
Recientemente un vecino de la colonia Nápoles estacionó su auto momentáneamente en la salida de auto de una casa cercana a la suya; pero, como al descender no se dirigió directamente a la casa respectiva, personal responsable de la colocación de los inmovilizadores surgió de inmediato quien sabe de dónde a aplicar el inmovilizador, argumentando que el dueño de la casa había solicitado tal acción, versión que fue desmentida minutos más tarde por el propio propietario del inmueble.
Policías de tránsito y personal de la concesionaria se han tornado prácticamente en bandas delincuenciales, uno de cuyos variados modus operandi se hace consistir en que agazapados tras algún inmueble o mobiliario público, apenas observan que un vehículo se estaciona momentáneamente para permitir el descenso del pasajero o acompañante, le atraviesan una bicicleta al frente para impedir su movilidad y mientras realizan tal acción distractiva, otro presurosamente coloca la famosa como odiada “araña”
En este como en muchos otros casos bien podría invitarse al conductor a agilizar el descenso de las personas y retirarse inmediato del lugar prohibido o incluso simplemente levantar la infracción, sabedores de que no podrán pasar la verificación sin haber pagado las multas impuestas, pero tal pareciera que la prioridad es allegar recursos a la concesionaria.
La eventual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ex secretaria del Medio Ambiente y ex Jefa Delegacional en Tlalpan, de la capital del país, además de conocer la problemática, no puede permanecer sorda al clamor de la ciudadanía o tratar de eludir ésta so pretexto de valorar, someter a consulta o mantener esta medida que solo se presta a la irritación, la corrupción y de ninguna manera a hacer una ciudad más amble, accesible o menos contaminada cuando es obvio que donde hay que poner atención es en la calidad del transporte público, antes de también autorizar una vez más la elevación del pasaje para el mejoramiento de las unidades, que nunca se cumple a cabalidad.
La ciudadanía espera un verdadero cambio, no solo promesas que “se habrán de someter a consulta o revisión”
