La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 y 11 proyectos de opinión a iniciativas en diferentes materias.
El documento señala que la Cuenta Pública de la Administración Pública Federal 2023 presentó, integró y fiscalizó en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables.
Refiere que en 2023 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 7 billones 39 mil 359.8 mdp, cifra superior en 436 mil 530.1 mdp con relación a lo recaudado en 2022. Ello se explica por el registro de mayores ingresos no petroleros respecto a lo programado, por 154 mil 574.8 mdp, que se vincula principalmente al incremento de los ingresos tributarios, así como de organismos y empresas, lo cual compensó la menor recaudación relacionada con los ingresos petroleros.
Indica que el gasto neto total del sector público presupuestario ascendió a 8 billones 162 mil 986.8 mdp, incremento real de 2.9 por ciento respecto al año previo. El gasto neto total ejercido en 2023 representó el 25.7 por ciento del PIB y del total el 72.8 por ciento correspondió a gasto programable, mientras que el restante 27.2 por ciento a gasto no programable.
Con relación a los Ramos Administrativos se observaron incrementos en Energía, 130 mil 003.5 mdp; Hacienda y Crédito Público, 81 mil 405.6 mdp; Entidades no Sectorizadas, 41 mil 835.5 mdp; Defensa Nacional, 32 mil 148.4 mdp; Educación Pública, 17 mil 974.9 mdp, y Marina, 15 mil 673.2 mdp.
El endeudamiento neto interno y externo autorizado al Ejecutivo Federal ascendió a un billón 283 mil 300.0 mdp, y se ejerció un billón 245 mil 432 mdp, cantidad resultante de la diferencia entre los financiamientos obtenidos por 6 billones 699 mil 826.3 mdp, y amortizaciones por 5 billones 454 mil 394.3 mdp. Explica que fue menor al autorizado en 2.9 por ciento, lo que equivale a 37 mil 868.0 mdp.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la definición más amplia de la deuda se ubicó en 46.8 por ciento del PIB, menor en uno por ciento respecto al nivel registrado en 2022. La deuda bruta del Sector Público Federal con respecto al PIB disminuyó 0.4 por ciento entre 2016 y 2023, al pasar de 47.9 por ciento a 47.5 por ciento.
Señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política y 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentó a la Cámara de Diputados los Informes Individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2023.
De ello se advirtió la práctica de dos mil 369 auditorías, con lo que cumplió con el 100 por ciento de las auditorías consideradas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023.
De las revisiones practicadas por la ASF, 75 corresponden a entes vinculados con funciones de Gobierno, 157 a Desarrollo Social, 178 al grupo funcional de Desarrollo Económico y 1,959 al de Gasto Federalizado.
La Auditoría determinó recuperaciones por 53 mil 741.27 mdp, de los cuales mil 762.23 mdp corresponden a recuperaciones realizadas, de manera que restan 51 mil 979.04 mdp como recuperaciones probables o, en su caso, montos por aclarar.
De esas posibles recuperaciones 40 mil 801.34 mdp corresponden a las entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales que ejercieron Gasto Federalizado, lo que equivale al 78.5 por ciento del total.
Siete mil 215.92 mdp corresponden al grupo de Desarrollo Económico (14 por ciento); tres mil 802.12 mdp a Desarrollo Social (7 por ciento), y 159 mil 648.10 mdp al grupo de Gobierno (0.3 por ciento)
Se estima que fiscalización practicada por la ASF a la Cuenta Pública Federal 2023 cumple con los criterios de objetividad, normatividad y metodología en la selección, análisis y presentación de las auditorías practicadas.
Destaca que la aprobación de este dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF, lo que permite que, quienes sean presumiblemente responsables, sean sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, presenten las aclaraciones o solventaciones correspondientes.
Se instruye a la ASF para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2023, y envíe a la Cámara de Diputados la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.
En el marco de respeto a las facultades y soberanía de los entes auditados, se considera necesario fortalecer sus procesos de planeación en las actividades sustantivas y reforzar el control interno mediante la optimización normativa y reglamentaria, para la mejora del desempeño y la reducción de las áreas de riesgo identificadas.
Agrega que, de considerarlo conveniente, la Comisión de Presupuesto instalará una mesa de trabajo en la que se ponderará y dará seguimiento a las recomendaciones realizadas por la ASF, sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que mejoren los procesos de los entes auditados. A dicha mesa de trabajo se convocará a los integrantes de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la ASF.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) dijo que el dictamen refleja un juicio político y moral sobre el manejo de los recursos públicos. Añadió que se ha sostenido el discurso de austeridad y responsabilidad, pero la Cuenta Pública 2023 demuestra una realidad distinta porque los programas sociales y obras emblemáticas han sido terreno fértil para el uso discrecional y falta de control.
Del PRI, el diputado Mario Zamora Gastélum anticipó su voto en contra porque la Cuenta Pública es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas y garantizar que cada peso se traduzca en bienestar, pero “no vemos que se aboquen a ello”. Indicó que México necesita un presupuesto eficiente que sirva a la gente, no a los intereses políticos y a la propaganda.
La diputada del PAN, Nancy Aracely Olguín Díaz, indicó que las cifras que arroja esta revisión son alarmantes y no deben pasar desapercibidas, pues miles de millones de pesos reflejan un sistema de opacidad y malas prácticas. Dijo que se deben concretar acciones contundentes para hacer valer la ley, presentar denuncias y emprender acciones para sancionar.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PVEM), señaló que el dictamen representa un ejercicio técnico responsable y transparente, análisis minucioso del gasto gubernamental, revisión exhaustiva del cumplimiento de metas y una valoración clara de las políticas públicas. Es una herramienta esencial para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos se administren con honradez y eficacia.
El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, manifestó que el voto de su grupo parlamentario es a favor del dictamen, porque demuestra que la política pública y hacendaria del Estado mexicano ha privilegiado el bienestar social sin perder la disciplina fiscal y porque la rendición de cuentas avanza con una fiscalización amplia y exigente. Afirmó que 2023 fue un año de dinamismo económico.
Alejandra Del Valle Ramírez, diputada de Morena, expresó que su voto y el de grupo legislativo es favorable, porque el dictamen refleja una conducción responsable de las finanzas públicas y un ejercicio con beneficios concretos para el pueblo. También, es la prueba de que se puede administrar con responsabilidad, disciplina y compromiso social desde una nueva forma de gobernar.
El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) expresó su voto a favor del dictamen porque la Cuenta Pública 2023 demuestra una administración responsable, transparente y finanzas estables. Explicó que se realizaron dos mil 369 auditorías y se determinaron recuperaciones por 53 mil 741 mdp, de los cuales se han recuperado más de mil 700 mdp y están en proceso 51 mil 979 mdp.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN)) consideró que no se puede aprobar el ejercicio de 2023 porque existe un monto observado por 53 mil 700 mdp, de los cuales 11 mil 177 mdp corresponden al gasto del Gobierno Federal y alrededor de 40 mil 800 millones de estados y municipios. Se detectó que los grupos funcionales con las más graves anomalías fueron Gobierno, con 159 mdp; Desarrollo Social, 382 mdp, y Desarrollo Económico, siete mil 215 mdp.
De Morena, la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre señaló que la mayoría de las observaciones tienen que ver con asuntos administrativos y recursos que ejercieron estados y municipios, no el Gobierno Federal. Además, hubo un superávit en Pemex porque disminuyó su carga fiscal.
Opinión a iniciativas
Previamente, las y los integrantes de la Comisión aprobaron 11 opiniones a iniciativas para expedir nuevas leyes, entre las que destaca la presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la Ley Orgánica de la Armada de México. El documento indica que, de aprobarse, no se generaría impacto presupuestario conforme lo dispone su artículo tercero transitorio.
También se emitió opinión respecto a la propuesta para expedir las Ley del Impuesto a la Tenencia de Vehículos Aéreos y Marítimos Suntuosos, que de aprobarse se generaría un impacto recaudatorio, derivado de la aplicación del referido impuesto, cuyo monto estimado ascendería a 178 mil 241 millones de pesos a precios de 2026.
Sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la Comisión señala que generaría un impacto presupuestario estimado para la Federación de 20.23 millones de pesos por la creación del Registro Nacional de Extorsión.
La opinión sobre la iniciativa para expedir la Ley General que Asegura el Respeto y la Implementación de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, considera que causaría un impacto presupuestario por establecer partidas específicas en el Presupuesto de Egresos para financiar el funcionamiento del Consejo Nacional, cubrir los traslados de representantes y realizar consultas vinculantes.
Respecto a la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, se opinó que sí tendría un impacto presupuestario que no se puede estimar y su monto derivaría de la obligación de establecer una partida específica en el PEF para fortalecer capacidades estatales y de operación de las jornadas de justicia itinerante.
La Comisión sostuvo que, de aprobarse la iniciativa sobre la Ley General para el Desarrollo Ético y Tecnológico de la Inteligencia Artificial, provocaría un impacto presupuestario asociado a la creación de la Unidad Especializada en esta materia, cuya magnitud no es factible determinar porque el impacto se determinaría en función de la normatividad secundaria que se establezca para tales fines.
Respecto a la iniciativa que expide la Ley General del Derecho a un Ambiente Libre de Corrupción, la Comisión consideró que, de aprobarse, generaría un impacto presupuestario que no es posible estimar, pues se derivaría de obligaciones permanentes con cargos variables de alcance incierto, y dependerá de la legislación secundaria y de la aplicación práctica de los mecanismos previstos.
Asimismo, se emitió opinión sobre la iniciativa que da lugar a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión. Señala que su aprobación generaría un impacto de 651.96 millones de pesos, a precios de 2026.
Sobre la iniciativa que plantea expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se determinó que causaría un impacto presupuestario para la Federación estimado en 651.96 millones de pesos, a precios de 2026.
También avaló la opinión sobre la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y abroga la Ley de Aguas Nacionales, la cual indica que no generaría impacto presupuestario, debido a los componentes del sistema financiero para la sustentabilidad del agua que se incorporan en la iniciativa.
La opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, señala que causaría un impacto presupuestario y una renuncia recaudatoria para el Erario Federal, por las atribuciones de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de las Mujeres y de Hacienda y Crédito Público, para fomentar esa acción y crear incentivos fiscales a empresas que demuestren su compromiso con el tema.
Aprobadas las opiniones, se remitieron a las comisiones correspondientes para continuar su trámite legislativo.
