México, 28 de Jun.- La diputada Mónica Almeida llamó a priorizar y garantizar una gestión pública y un sistema profesional del servicio público de calidad, donde las decisiones sobre ascensos correspondan al grado de responsabilidad, escolaridad, experiencia y capacidad de desempeño.
La legisladora federal se pronunció, de esta manera, por un servicio civil de carrera, ante la creciente ola de despidos que vive el sector público de México como resultado de la política de austeridad republicana impulsada por el Ejecutivo federal.
“Como gobierno debemos velar para que todos los mexicanos reciban la mejor atención a las necesidades cotidianas de la vida diaria, pero sobre todo contar con un gobierno que promueva la evolución de la gestión pública de calidad centrada en una administración pública eficiente y excelente para la sostenibilidad económica, social y medioambiental. De aquí el valor de que los funcionarios públicos tengan la capacidad y conocimiento necesario para desempeñar sus labores”, comentó.
La legisladora señaló la falta de criterios de la administración actual al despedir a empleados sin considerar su eficiencia dentro del sector. Advirtió que la falta de juicio para la toma de estas decisiones sin duda puede desencadenar laudos costosos para la administración pública federal y dificultar más el logro de una Gestión Pública de Calidad, hoy establecido como un derecho invocable por los ciudadanos.
“Hasta el momento los despidos se han realizado sin evaluar las capacidades, experiencia y conocimientos particulares de las personas, convirtiéndolos en simples números con el fin de mostrar un ahorro”
En esta tónica, enfatizó la legisladora perredista que se corre el riesgo de no disponer de personal capacitado y con experiencia para la prestación de servicios de calidad, postergando así la eficiencia gubernamental y el crecimiento nacional.
Por otro lado, la perredista comentó que “la austeridad no debería ser sinónimo de desempleo”
Lo anterior, a propósito de que este domingo 30 de junio vence el plazo para que se cumpla el recorte de cinco mil servidores públicos de carrera de la Administración Pública federal bajo el concepto de “retiro voluntario”. Para pasar a engrosar las filas de desempleo como lo han hecho trabajadores de diversas instancias gubernamentales.
Se tiene contemplado que estos despidos se sigan generando durante el primer año de la nueva administración.
