El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que las fuerzas armadas continuarán persiguiendo y eliminando a los narcotraficantes que intenten introducir droga en territorio de Estados Unidos, con un enfoque especial en las rutas marítimas del mar Caribe. La afirmación se pronunció durante una comparecencia en la que participó el presidente Donald Trump.
Hegseth subrayó la capacidad de la milicia para detectar y desarticular redes que operan en el transporte de estupefacientes: dijo que se elaboran mapas de las organizaciones, se identifican nexos y se procede a localizarlas, neutralizarlas y, en su caso, abatir a sus integrantes. Según el funcionario, esa labor responde a la amenaza que representan estas redes para la población estadounidense.
El presidente Trump respaldó las operaciones y aseguró que, aunque administraciones anteriores han enfrentado el problema por décadas, su gobierno ha intensificado las medidas contra el tráfico de drogas. Trump afirmó que los servicios de inteligencia conocen orígenes, rutas y a menudo la identidad de los involucrados. Además describió patrones de embarcaciones y carga que, dijo, evidencian su uso para contrabando.
Ambos responsables informaron que las fuerzas armadas habrían dado de baja al menos a 37 personas en una serie de nueve ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en zonas del Caribe y el Pacífico. La cifra fue presentada como resultado de las acciones marítimas recientes.
El mandatario justificó las intervenciones al sostener que el país enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles, invocando una autoridad legal similar a la empleada tras los atentados del 11 de septiembre para combatir el terrorismo. Esa extrapolación jurídica y la propia expansión de las operaciones militares han generado cuestionamientos.
A medida que se multiplican los episodios de fuerza letal en alta mar, miembros del Congreso han comenzado a debatir los límites del poder ejecutivo para autorizar acciones ofensivas fuera del territorio estadounidense, y sobre la legalidad y supervisión de esas operaciones. La discusión legislativa apunta a precisar responsabilidades y controles.
